Régimen jurídico de los pasos del Norerste y del Noroeste

Paso del Nordeste o ruta marítima del norte

Comparación entre el paso del Nordeste y la ruta del canal de Suez. Extraído de The Wall Street Journal

Comparación entre el paso del Nordeste y la ruta del canal de Suez. Extraído de The Wall Street Journal

Se entiende por paso del nordeste un conjunto de rutas que transcurren desde el noroeste europeo hasta el estrecho de Bering a través del cabo norte y las costas euroasiáticas y siberianas. Este paso fue utilizado por la URSS como vía marítima y nacionalizado como “ruta del mar septentrional”. Es desde este hecho de donde parten las reivindicaciones de la Federación rusa sobre este paso, ya que lo considera como un territorio histórico del estado. Sobre esta consideración Rusia ha ido realizando una serie de acciones tendentes a reafirmar su posición y su control de dicho paso como puede ser la creación de una administración sobre el mismo o la adopción de una serie de reglas sobre la navegación por el paso.

Esta base histórica y la aquiescencia o reconocimiento tácito de la situación por terceros estados son el fundamento de la postura rusa, que defiende la consideración de estas aguas como aguas interiores y por tanto sometidas a la soberanía del estado y excluidas del derecho de paso inocente que opera en el mar territorial o del derecho de paso en tránsito que rige los estrechos internacionales.

La dificultad para definir el estatuto jurídico de este paso radica en la falta de tratamiento en los convenios sobre Derecho del mar de los títulos históricos como el que la Federación rusa reclama.

Imagen de las rutas del Nordeste y el Noroeste aproximadas. Extraída de Climatología por un geografo

Imagen de las rutas del Nordeste y el Noroeste aproximadas. Extraída de Climatología por un geografo

Paso del noroeste 

Este paso abarca todas las rutas a lo largo de la costa norte de Norteamérica (Groenlandia y la costa norte de Canadá. Este paso saltó a la escena internacional tras el descubrimiento de Petroleo en Alaska, cuando el petrolero estadounidense USS Manhattan recorrió este paso atravesando las aguas pretendidas por Canadá apelando al principio de libertad de navegación. Canadá reacciono ante este hecho adoptando el Artic Waters Pollution Prevention Act, con el cual intentaba reafirmar su dominio sobre el paso noroeste y así la navegación extranjera sobre el mismo. Pero de nuevo en los años 80 un rompehielos estadounidense recorrió las aguas del paso ignorando la extensión de jurisdicción canadiense realizada con la declaración anterior. Ante esto de nuevo Canadá reacciono utilizando la linea de base recta (utilizado por primera vez por Noruega en 1935 y confirmadas por la CIJ en 1951) encerrando las aguas del paso como aguas interiores.

Paso del Noroeste. Extraída de MILNumb

Paso del Noroeste. Extraída de MILNumb

Actualmente Canadá reclama su soberanía absoluta sobre las aguas del paso, alegando en primer lugar sus derechos históricos sobre esas aguas y subsidiariamente la consideración de aguas interiores canadienses por quedar englobadas dentro de su linea de base recta. Sin embargo, esta última alternativa deja abierta la posibilidad de que buques de terceros estados gocen del Derecho de paso inocente, ya que Canadá es miembro del Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar desde 2003 y así lo recoge el artículo 8.2:

2. Cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad
con el método establecido en el artículo 7, produzca el efecto de encerrar
como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como
tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se
establece en esta Convención.

La posición de EE.UU.

Uss Manhattan (1962). Extraída de Wikipedia

Uss Manhattan (1962). Extraída de Wikipedia

Frente a las anteriores posiciones, los EE.UU. han sido los principales defensores de la libertad de navegación por estos pasos árticos. En 2009 reafirmaros su postura al emitir una Directiva Política de la casa blanca afirmando que considera todas las rutas del paso Noroeste y algunas del paso Noreste como abiertas a la navegación internacional, dejando así abierta la posibilidad de que una parte de las rutas del paso Noreste puedan ser consideradas como aguas historias de la Federación rusa.

El estatuto jurídico de las aguas de estos pasos dependerán de su posible consideración o no como estrechos utilizados para la navegación internacional. Tanto Rusia como Canadá entienden el articulo 37 CNUDM desde un punto de vista funcional y actual, esto es, que sean utilizados como tales a sía de hoy. Si tomamos como estándar de utilización el volumen de paso por el canal de Panamá, el volumen de utilización de estos pasos es muy inferior al citado y por tanto (en opinión de Rusia y Canadá) estos no pueden ser considerados estrechos utilizados para la navegación internacional. Frente a esto se opone otra opción (más razonable a nuestro parecer)  que entiende que estos si deben considerarse estrechos internacionales al atender a la unión que suponen entre el Atlántico, Ártico y Pacífico, además el umbral de uso necesario para esta consideración debe ser más bajo cuando se trata de estas rutas, atendiendo a las particulares condiciones de navegación de estas zonas cubiertas de hielo durante gran parte del año, podemos encontrar un precedente de esta reducción en la sentencia de la CPJI en el caso del estatuto jurídico de la Groenlandia oriental de 1933.

Imagen del Ártico extraíde de Ciencia NASA

Imagen del Ártico extraída de Ciencia NASA

Bibliografía:

CNUDM

-GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso General de Derecho Internacional Público, Madrid: Trotta, 2012 (3ª edición).

-CINELLI, Claudia: El Ártico ante el derecho del mar contemporáneo. Valencia: Tirant lo blanch, 2012.

El Oceano Ártico

En el Ártico, no solo encontramos el casquete de hielo que podríamos llamar “continental” y que esta formado por agua dulce en estado solido, junto a este encontramos una capa de hielo marino adyacente a la “costa” del hielo continental, una capa de hielo solida y por tanto susceptible de ocupación humana. Ante esta situación se plantea una pregunta, ¿este hielo provoca cambios en el régimen jurídico del Océano Ártico? esto es, ¿es de aplicación a este océano las normas generales sobre Derecho del mar?

Imagen del Ártico extraíde de Ciencia NASA

Imagen del Ártico extraída de Ciencia NASA

A principios del siglo XX se planteó esta cuestión y surgieron dos corrientes doctrinales opuestas respecto de la posibilidad de ocupación humana de las placas de hielo marino del Ártico, la primera de estas corrientes realizaba una analogía entre la terra firma y la glacies firma y por tanto susceptible de ocupación humana  (por parte de estado ribereño que tuviera esa placa de hielo en la contigüidad de sus costas y se extendiera más allá de lo que por aquel entonces se entendía por mar territorial), por otro lado la corriente opuesta entendía ese hielo que superaba los limites del mar territorial como mar libre (convirtiendo estas placas en un territorio no susceptible de apropiación estatal y sometido al régimen de alta mar.

Imagen del Océano Ártico donde se muestra el espesor de la capa de hielo. Extraída de evolucion tres punto cero

Imagen del Océano Ártico donde se muestra el espesor de la capa de hielo. Extraída de evolución tres punto cero

Inicialmente la primera hipótesis resultó ser la más extendida y apoyada en el panorama internacional, comenzado a realizarse establecimientos de carácter temporal en dichas placas., entendiendo que ese hielo era una accesión natural de sus costas y por tanto aunque rebasara los limites del mar territorial quedaba bajo soberanía del estado. Muestra de esta aplicación la encontramos en un caso en el que se intento construir un casino en este terreno frente a las costas de Alaska pero fuera de la distancia del mar territorial intentando eludir la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, esta situación fue solucionada por los tribunales norteamericanos acudiendo al principio citado y entendiendo que ese hielo quedaba sujeto a la soberanía de EE.UU.

Sin embargo poco tiempo después esta opción doctrinal fue perdiendo fuerza, ya que se entendía que el hielo por su carácter cíclico no podía ser asimilable a la tierra firme, ya que una parte del hielo es estacional y se derrite en verano, consiguiendo así cada vez más fuerza la analogía glacies-mare. Esta en definitiva tan solo defendía la ausencia de especialidades respecto de este hielo, el sometimiento por tanto de este a las normas del derecho del mar, que en aquel momento tan solo preveía la existencia de dos zonas (el mar territorial y el alta mar).

Con el transcurso del tiempo esta regla se ha ido asentando, un ejemplo de esto es la excepción recogida en el art. 234 CNUDM donde se hace referencia a la distinta regulación de las zonas marítimas estatales y a la de alta mar, ya que permite a los estados adoptar determinadas medidas en los espacios comprendidos en su ZEE dando a entender que más allá de esta el hielo ártico debe considerarse como alta mar.

Imagen de un buque atravesando el hielo Ártico. Rpp

Imagen de un buque atravesando el hielo Ártico. Rpp

Bibliografía:

CNUDM

-GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso General de Derecho Internacional Público,Madrid: Trotta, 2012 (3ª edición).

-CINELLI, Claudia: El Ártico ante el derecho del mar contemporáneo.Valencia: Tirant lo blanch, 2012.

Los espacios marítimos: segunda parte

Hoy continuamos con nuestro pequeño repaso de las zonas marítimas justo donde lo dejamos la última vez, hoy analizamos la zona contigua y la zona económica exclusiva.

Esquema de las zonas marítimas. Extraído de Historia diplomatica de Venezuela.

Esquema de las zonas marítimas.
Extraído de Historia diplomatica de Venezuela.

-Zona contigua: el origen de esta zona se encuentra en el convenio de ginebra sobre mar territorial y zona contigua de 1958, configurandola como una zona ubicada tras el mar territorial donde el ribereño ejercía ciertas competencias, principalmente dictar leyes y reglamentos a fin de prevenir y reprimir infracciones sobre sus leyes aduaneras, fiscales, de inmigración y sanitarias. En este espacio el ribereño no ejerce soberanía  sino “competencias rigurosamente limitadas” en palabras de Gidel, internacionalista creador de este espacio marítimo. Es en el convenio de 1982 (Convención de NAciones Unidas sobre Derecho del Mar) donde se establece la anchura de esta zona, 24 millas desde la linea de base (linea de costa), esto es 12 millas desde el final del mar territorial. A las competencias relatadas en Ginebra se añade el derecho (uno de los que más nos interesan en esta sede) de presumir que la remoción de objetos arqueológicos o históricos de sus fondos marinos constituye una infracción de sus leyes. A raíz de este  derecho ha crecido entre los estados una nueva zona, la llamada zona arqueológica (que otorga competencias más espaciales, mientras que las de la zona contigua son mas funcionales), es por todo esto por lo que en 2001 se adopto la convención sobre Protección del Patrimonio Cultural Subacuatico, promovida por la UNESCO.

 

Esquema de la ZEE española. Extraído de:  Ministerio de defensa

Esquema de la ZEE española. Extraído de: Ministerio de defensa

-Zona económica exclusiva: esta zona se establece por primera ven en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar en 1982, tras el intenso debate sobre su existencia que se había seguido con las anteriores convenciones. Esta se extiende hasta las 200 millas desde la linea de bases y  se aplica tanto al territorio continental como a las islas, pero no a rocas y atolones. En ella el Estado ribereño ejerce derechos de tipo económico, fundamentalmente los siguientes, exploración y explotación así como conservación y administración de los recursos naturales vivos y no vivos, además la producción de energías derivadas de las aguas, las corrientes y los vientos. A estos derechos principales se unen derechos de jurisdicción, de establecimiento de islas artificiales, instalaciones y estructuras,investigación científica, protección y preservación del medio marino. Esta lista de derechos se ha entendido por el Tribunal de Derecho del Mar como taxativa (V. asunto del navío Saiga). Aunque no existe un consenso claro parece que se excluye la utilización de la fuerza armada para defender la exclusividad de estos derechos (existen casos en los que se ha usado la fuerza para defender esta zee, como es el caso del ametrallamiento de los pesqueros españoles Burgoamendi y valle de atxondo que faenaban ilegalmente en la zee francesa). Por tanto en la zona económica exclusiva se reconocen todas las libertades del mar con excepción de las de pesca e investigación científica.

Hasta aquí nuestro pequeño repaso de las zonas marítimas asociadas a los estados ribereños, en entradas posteriores entraremos en profundidad a analizar el régimen de alta mar y la progresiva desaparición del mar libre.

Bibliografía:

-GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso General de Derecho Internacional Público, Madrid: Trotta,  2012 (3ª edición).

-CRAWFORD, J.: Brownlie’s principles of public international law, Oxford: Oxford University Press, , 2008.

REMIRO BROTÓNS, A.; RIQUELME CORTADO, R.Mª.; ORIHUELA CALATATUD, E.; DÍEZ-HOCHTLEITNER, J.: y PÉREZ PRATS, L.: Derecho Internacional, Valencia: Tirant lo blanch, , 2007.

Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar

Abordaje de la Flotilla Libertad: intentos de enjuiciamiento.

Continuamos hoy con nuestra pequeña exposición de lo ocurrido en torno a la llamada flotilla Libertad, hoy ahondamos en los diferentes intentos de controlar estos actos, bien de forma política, bien por vía judicial.

Como inicio haremos referencia a la llamada comisión Turkel, esta comisión surgió a raíz de las diferentes peticiones internacionales de que se investigaran los hechos (en especial las realizadas por el consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos), ante estas peticiones Israel anuncio el inicio de una investigación para lo cual creaba la referida comisión, otorgándole su dirección a Jacob Turkel, juez retirado de la corte suprema israelí, junto con Shabtai Rosenne (profesor de Derecho Internacional de Bar Ilán) y el Mayor General Amos Horev (General israelí retirado y presidente del instituto tecnológico de Israel). A estos se unirían dos observadores internacionales: David Trimble (Premio novel de la Paz y ex primer ministro de Irlanda del Norte) y Ken Watkin ( Fiscal general del ejercito Canadiense). Esta comisión fue criticada desde sus inicios, ya que ambos observadores internacionales (considerados “amigos de Israel”) podrían participar en los debates, pero no votar en las conclusiones finales, tenían acceso a testigos y documento siempre que no perjudicaran a la seguridad del estado de Israel  y en ningún caso tendrían acceso a los militares participantes en la misión para interrogarlos. A esto se unió que Israel eligió a todos los miembros de la comisión .

David Trimble Foto: Nndb

David Trimble
Foto: Nndb

Por todo esto el sentir internacional dejaba claro que se dudaba que la comisión fuera realmente imparcial y se daba por sentado que la comisión avalaría el bloqueo y confirmaría la legalidad de la actuación de la Marina Israelí. Sospechas estas que se vieron completamente confirmadas el día 23 de enero de 2011 con la publicación del primer reporte de resultados de la comisión.

Cambiamos ahora diametralmente de ubicación y nos centramos en el análisis de la posición (de difícil fundamentación) mantenida por el ministerio fiscal al negar en su informe preliminar la jurisdicción de los tribunales españoles en el caso que nos ocupa (DiligenciasPrevias nº 197/2010 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5).

-El ministerio fiscal entiende que los hechos acaecidos pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

-Se entiende que el lugar de comision de los hechos es el buque Mavi Marmara (cuyo pabellon pertenecía al estado de Comores).

-Los tribunales españoles pueden tener jurisdicción en base al articulo 23.4 LOPJ, ya que como ya se mencionó en el barco viajaban tres periodistas de nacionalidad española

-La jurisdicción de los tribunales españoles se subordina a que no se haya iniciado ya un procedimiento en otro estado, en el estado de Comores (tendría prioridad por ser el estado de pabellón del buque donde se cometieron los hechos, y ser cometidos estos el alta mar)  no se tiene constancia de la existencia de un procedimiento, así mismo ante el silencio de las comisiones rogatorias enviadas a Turquía e Israel se presume que no existe un procedimiento ya iniciado.

-La fiscalía entiende que los tribunales españoles no son competentes por concurrir su jurisdicción con la correspondiente a la CPI.

Edificio de la Corte Penal Internacional. Foto: The Hague

Edificio de la Corte Penal Internacional.
Foto: The Hague

Es en este último punto donde surgen las duda. Es necesario para comenzar definir el llamado principio de complementariedad, este principio se encuentra en el Estatuto de Roma y viene a decir que la actuación de la CPI es subsidiaria a la de los estados y que esta solo actuará cuando el estado con jurisdicción  no este dispuesto a actuar o no pueda hacerlo, su actuación se limita a asegurar que los culpables no queden impunes por la inacción de la jurisdicción estatal. Es por tanto deber de los estados enjuiciar dichos actos, salvo que no pueda hacerlos o no quiera (exponiéndose en este caso a ser acusado de incumplimiento de los tratados internacionales que tenga firmados).

¿En que se basa la fiscalía para considerar que España no tiene jurisdicción? En que dicha afirmación anterior tiene que matizarse con la ley de cooperación (LO 18/2003) que en su art. 7.2 dice que los tribunales españoles deberán de abstenerse de todo procedimiento cuando los hechos denunciados hayan sucedido en otro Estado y los presuntos autores no sean nacionales siempre y cuando pueda ser competente la CPI. La fiscalia interpreta este precepto de manera que “matiza” (esta interpretación intenta salvar el articulo 96 de la Constitución que da primacía al Derecho Internacional sobre el Derecho interno) lo recogido en el estatuto de Roma, debiendo interpretarse atendiendo a que la CPI solo actuara cuando un estado no quiera o pueda actuar, y lo que esta estableciendo este art 7.2 es un impedimento legal, la ley “no quiere” que los tribunales conozcan de dichos hechos hasta que la CPI decida que no procede investigación por su parte.

Claramente y al contrario de lo que el fiscal pretende, este articulo (al menos así interpretado) supone una clara contradicción con el sistema del Estatuto de Roma, ya que un estado que voluntariamente se ponga en situación de no poder enjuiciar dichos crímenes, esta claramente infringiendo su deber internacional de enjuiciarlos, deber que proviene de un tratado internacional del que España es parte (Estatuto de Roma). La interpretación creada por la fiscalía claramente supone una dejadez por parte de España de sus deberes internacionales.

A todo esto hay que sumar que para que un caso acceda a la CPI debe superar un umbral de gravedad, esta se configura como salvaguardia adicional ya que se considera que todos los crímenes que entran dentro de la jurisdicción de la CPI son graves. Este umbral (discutible a todas luces) ha seguido enfoques tanto cuantitativos como cualitativos a la hora de valorar unos hechos, pero a la luz de la práctica que viene siguiendo este órgano, la fiscalía fácilmente debió de considerar que este caso no pasaría dicha medida de gravedad y por tanto la CPI no entraría a su investigación (como así a sido). Como anteriormente se ha dicho, esta abstención de la jurisdicción española dura solo hasta el pronunciamiento negativo de la CPI, por lo que tras el mismo los tribunales españoles han recuperado su jurisdicción (una jurisdicción que nunca debieron perder a la luz del Estatuto de Roma), por lo que la fiscalía solo ha conseguido alargar el procedimiento sin ningún motivo (la denegación debió ser previsible para la fiscalía) y al aplicar preferentemente su derecho interno sobre el derecho internacional ha contravenido el art 96 de la CE que da primacía al derecho internacional.

Al no investigar España estos hechos esta incumpliendo sus obligaciones internacionales adquiridas con la firma del Estatuto de Roma.

Fatou Bensouda, Fiscal general de la CPI. Foto: Wikipedia

Fatou Bensouda, Fiscal general de la CPI.
Foto: Wikipedia

Con esto llegamos a la noticia del pasado viernes, la fiscalia de la Corte Penal Internacional ha decidido, como pudo preverse por la fiscalïa española, no iniciar una investigación al no cumplir con el discutible criterio de la gravedad, a pesar de que reconoce que hay indicios de comisión de crímenes de guerra. Esto se debe a que el Estatuto de Roma dice que la Corte deberá priorizar los crímenes de guerra a gran escala o ejercidos con un plan o una política.

Para finalizar me gustaría señalar que en el año 2012 Turquía inicio un juicio contra cuatro altos cargos del ejercito israelí, en ausencia de estos, se trata del ex jefe del Estado Mayor de Israel Gabi Ashkenazi; el vicecomandante de las Fuerzas Navales, Eliezer Marom; el ex jefe de los servicios secretos militares Amos Yadlin; y el responsable de éstos en la Fuerza Aérea, Avishai Levi. La demanda fue presentada por 490 personas y se les acusa de homicidio intencionado, daños corporales graves, saqueo, secuestro, daños a la propiedad, privación de la libertad personal, tortura y maltrato. solicitándose para ellos la pena de Cadena perpetua. Por su parte Israel no reconoce la validez de este juicio al que acusa de ser un teatro político mediático e insta a Turquía a resolver el caso mediante el dialogo bilateral.

Hasta aquí llega nuestro pequeño examen de este trágico incidente, hemos intentado ajustarnos a los hechos jurídicos y al papel de España y la justicia universal en este caso, siendo lo más objetivos posibles, ya que entendemos que este no es el lugar para ofrecer opiniones, sino la sección de comentarios de abajo donde estaremos encantados de debatir toda cuestión.

Bibliografía:

-VICENTE MÁRQUEZ, Lydia y CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier y MORENO PÉREZ, Alicia. Análisis del informe de la fiscalía en el asunto “flotilla libertad”. (en linea), Serie de análisis jurídicos, nº1 Febrero 2013 (consultado el 10 de noviembre de 2014). Disponible en: http://www.rightsinternationalspain.org/es/publicaciones

-Comisión Turkel: wikipedia

-Euronews: El ataque israelí a la Flotilla de la Libertad pudo constituir un crimen de guerra pero no habrá investigación de la CPI

-Elpaís: Al menos 10 muertos en el ataque de Israel a una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

-Público: La Corte Penal Internacional rechaza investigar el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad

-Europapress: Comienza el juicio por el ataque de Israel contra la ‘Flotilla de la Libertad’

-RTVE: Turquía juzga en ausencia a los responsables del asalto militar israelí a la Flotilla de la Libertad

-El mundo: Arranca el juicio por el asalto militar israelí a la ‘Flotilla de la Libertad’ rumbo a Gaza

-El diario:  Jurisdicción universal: Lecciones desde Turquía

El ataque a la flotilla Libertad: descripción de los hechos.

Queríamos hoy realizar una breve entrada relativa a este trágico incidente sucedido en 2010, con motivo del rechazo por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional a iniciar la investigación de estos hechos.

Debemos empezar lógicamente esta pequeña narración con una breve referencia a los acontecimientos acaecidos el día 31 de mayo de 2010: un equipo de élite de la marina israelí aborda, en aguas internacionales del Mar Mediterráneo, una pequeña flota de seis embarcaciones de la organización propalestina Free-Gaza. En ella viajaban aproximadamente 600 personas de 37 países distintos, entre ellos 3 periodistas españoles. Esta flota pretendía, según sus propias declaraciones, transportar 10 000 toneladas de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, rompiendo así el bloqueo israelí sobre la zona. Israel, que ya había anunciado que no permitiría la llegada de la flota a Gaza, dio inicio a la llamada Operación Brisa del Mar; esta operación se saldó con el fallecimiento en el acto de 9 activistas, más otro que falleció el 23 de mayo de este mismo año, y más de 30 heridos.

Buque Mavi Marmara. Extrído de Wikipedia

Buque Mavi Marmara.
Extrído de Wikipedia

Sobre lo acontecido en la cubierta de los barcos (principalmente sobre el Mavi Marmara) existen dos versiones totalmente contrapuestas, según la Marina israelí, sus soldados fueron recibidos de forma violenta incluyendo el ataque con armas de fuego. Por su parte los activistas de Free-Gaza niegan categóricamente la posibilidad de que hubiera armas en los buques y sostienen que los soldados israelís abrieron fuego antes incluso de pisar los barcos, denegando incluso asistencia medica a los activistas heridos.

Este ataque le reportó a Israel graves críticas por parte de la sociedad internacional, principalmente desde Turquía, país cuyas relaciones con Israel se enturbiaron desde este incidente, al ser este el estado de origen de la mayoría de integrantes de la flota. Así mismo el secretario general de Naciones Unidas convocó una sesión urgente del consejo de seguridad y pidió a las autoridades Israelís una explicación urgente de los hechos. A estas criticas se unieron las realizadas por otras organizaciones internacionales: la UE, la Liga de Estados Árabes, la UNASUR, la OTAN, a las que se sumaron estados como España, Bélgica, Noruega, Grecia, Rusia, El Vaticano y Reino Unido.

Imagen de soldados israelís conseguida por una televisión turca. Extraído de: Elmundo

Imagen de soldados israelís conseguida por una televisión turca.
Extraído de: Elmundo

Es de destacar la reacción de Egipto, el ex presidente Mubarak dio orden al día siguiente del ataque para que se abriera el paso de Rafah, que conecta Egipto con la franja de Gaza,  que permanecía cerrado por acuerdo entre los dos estados, alegando que Egipto no permitiría que el poder ocupante escapara de sus responsabilidades.

Hasta aquí llega nuestra breve descripción de los hechos, en la próxima entrada abordaremos los diferentes intentos de fiscalizar estos hechos, tanto la comisión Turkel, el intento de España de ejercer su jurisdicción universal y la respuesta de la CPI.

Bibliografía:

-Para una descripción rápida: Wikipedia.

Elmundo

Elpaís

Instituto de estudios sobre conflictos y acción humanitaria

RTVE

Los espacios marítimos: primera parte.

Con la entrada de hoy iniciamos una nueva serie en la que nos acercamos más a la época actual y hablamos sobre la regulación actual sobre Derecho del Mar. Como no podía ser de otro modo comenzamos por lo básico e intentaremos dar unas pequeñas pinceladas sobre la actual división en zonas marítimas del mar.

Actualmente el mar adyacente a un Estado (ribereño) se encuentra dividido en tres zonas sobre las que el mismo puede ejercer una serie de derechos. El sistema se caracteriza por una perdida progresiva de derechos del ribereño hacia el llamado Mar Libre, que como veremos es cada vez mas escaso.

Esquema de las zonas marítimas. Extraído de Historia diplomatica de Venezuela.

Esquema de las zonas marítimas.
Extraído de Historia diplomatica de Venezuela.

*Haremos referencia en primer lugar a la figura de las aguas interiores que quedan excluidas de este sistema. Estas aguas son el espacio acuático con limite exterior en el mar territorial, se incluyen los lagos, ríos, las aguas encerradas en bahías y estuarios. Por ellas no existe el llamado Derecho de Paso Inocente, pudiendo el estado negar el acceso a ella a cualquier buque extranjero, salvo peligro. Por tanto ejerce el ribereño sobre las aguas interiores los mismos derechos que sobre su territorio.

 

Argentina intento imponer restricciones al pasoinocente en las aguas de las Falklands. En la foto el buque Golden Princess britanico, extrído de Mercopress

Argentina intento imponer restricciones al pasoinocente en las aguas de las Falklands.
En la foto el buque Golden Princess britanico, extrído de Mercopress.

-Mar territorial: es según la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (1982) la zona situada mas allá de su territorio y las aguas interiores. El Estado ribereño goza en principio de soberanía sobre su mar territorial, pero se encuentra limitada, pues debe ejercerla siempre de acuerdo con la convención y el resto de normas del Derecho Internacional (art.2.3). Este mar territorial se extiende a lo largo de 12 millas náuticas (unos 22 km), anteriormente el criterio utilizado era la distancia que alcanzaba una bala de cañón disparada desde la costa (unas 3 millas). Estas 12 millas deben contarse desde la llamada linea de base, esta linea coincide en principio con la linea de bajamar de la costa, siguiendo por tanto el mismo trazado que la costa; pero existe una excepción en el caso de costas muy abruptas, se traza una linea de base recta que una los puntos más salientes de la costa (art.7)

  • Es momento de que definamos el anteriormente referido Derecho de Paso Inocente que diferencia las aguas internas del mar territorial. Este derecho no es otra cosa sino un libre transito de los buques extranjeros por el mar territorial sin que, en principio, pueda el Estado ribereño oponerse, este derecho tiene como objetivo asegurar la libertad de comercio y navegación. Este paso será siempre inocente mientras no se perturbe la paz, el buen orden o la seguridad (el art 19.2 establece una lista de conductas que excluyen esta inocencia). Es interesante mencionar que los submarinos, para gozar de este Derecho de Paso Inocente deberán de navegar emergidos y con el pabellón de su país visible. Existen de facto ciertas limitaciones a este derecho referentes en gran medida a los buques de guerra y a aquellos con propulsión nuclear, pero al no hacerse en la convención referencia alguna a estas limitaciones parece que solo serán aplicables a aquellos que las acepten.

Hasta aquí la primera parte de este repaso por el Derecho Internacional del Mar, en breve estaremos aquí con la segunda parte donde trataremos la zona contigua y la zona económica exclusiva.

Bibliografía:

-GUTIÉRREZ ESPADA, C. y CERVELL HORTAL, Mª.J.: El Derecho Internacional en la encrucijada. Curso General de Derecho Internacional Público, Madrid: Trotta,  2012 (3ª edición), pp. 315-343

Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar