Abordaje de la Flotilla Libertad: intentos de enjuiciamiento.

Continuamos hoy con nuestra pequeña exposición de lo ocurrido en torno a la llamada flotilla Libertad, hoy ahondamos en los diferentes intentos de controlar estos actos, bien de forma política, bien por vía judicial.

Como inicio haremos referencia a la llamada comisión Turkel, esta comisión surgió a raíz de las diferentes peticiones internacionales de que se investigaran los hechos (en especial las realizadas por el consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos), ante estas peticiones Israel anuncio el inicio de una investigación para lo cual creaba la referida comisión, otorgándole su dirección a Jacob Turkel, juez retirado de la corte suprema israelí, junto con Shabtai Rosenne (profesor de Derecho Internacional de Bar Ilán) y el Mayor General Amos Horev (General israelí retirado y presidente del instituto tecnológico de Israel). A estos se unirían dos observadores internacionales: David Trimble (Premio novel de la Paz y ex primer ministro de Irlanda del Norte) y Ken Watkin ( Fiscal general del ejercito Canadiense). Esta comisión fue criticada desde sus inicios, ya que ambos observadores internacionales (considerados “amigos de Israel”) podrían participar en los debates, pero no votar en las conclusiones finales, tenían acceso a testigos y documento siempre que no perjudicaran a la seguridad del estado de Israel  y en ningún caso tendrían acceso a los militares participantes en la misión para interrogarlos. A esto se unió que Israel eligió a todos los miembros de la comisión .

David Trimble Foto: Nndb

David Trimble
Foto: Nndb

Por todo esto el sentir internacional dejaba claro que se dudaba que la comisión fuera realmente imparcial y se daba por sentado que la comisión avalaría el bloqueo y confirmaría la legalidad de la actuación de la Marina Israelí. Sospechas estas que se vieron completamente confirmadas el día 23 de enero de 2011 con la publicación del primer reporte de resultados de la comisión.

Cambiamos ahora diametralmente de ubicación y nos centramos en el análisis de la posición (de difícil fundamentación) mantenida por el ministerio fiscal al negar en su informe preliminar la jurisdicción de los tribunales españoles en el caso que nos ocupa (DiligenciasPrevias nº 197/2010 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5).

-El ministerio fiscal entiende que los hechos acaecidos pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

-Se entiende que el lugar de comision de los hechos es el buque Mavi Marmara (cuyo pabellon pertenecía al estado de Comores).

-Los tribunales españoles pueden tener jurisdicción en base al articulo 23.4 LOPJ, ya que como ya se mencionó en el barco viajaban tres periodistas de nacionalidad española

-La jurisdicción de los tribunales españoles se subordina a que no se haya iniciado ya un procedimiento en otro estado, en el estado de Comores (tendría prioridad por ser el estado de pabellón del buque donde se cometieron los hechos, y ser cometidos estos el alta mar)  no se tiene constancia de la existencia de un procedimiento, así mismo ante el silencio de las comisiones rogatorias enviadas a Turquía e Israel se presume que no existe un procedimiento ya iniciado.

-La fiscalía entiende que los tribunales españoles no son competentes por concurrir su jurisdicción con la correspondiente a la CPI.

Edificio de la Corte Penal Internacional. Foto: The Hague

Edificio de la Corte Penal Internacional.
Foto: The Hague

Es en este último punto donde surgen las duda. Es necesario para comenzar definir el llamado principio de complementariedad, este principio se encuentra en el Estatuto de Roma y viene a decir que la actuación de la CPI es subsidiaria a la de los estados y que esta solo actuará cuando el estado con jurisdicción  no este dispuesto a actuar o no pueda hacerlo, su actuación se limita a asegurar que los culpables no queden impunes por la inacción de la jurisdicción estatal. Es por tanto deber de los estados enjuiciar dichos actos, salvo que no pueda hacerlos o no quiera (exponiéndose en este caso a ser acusado de incumplimiento de los tratados internacionales que tenga firmados).

¿En que se basa la fiscalía para considerar que España no tiene jurisdicción? En que dicha afirmación anterior tiene que matizarse con la ley de cooperación (LO 18/2003) que en su art. 7.2 dice que los tribunales españoles deberán de abstenerse de todo procedimiento cuando los hechos denunciados hayan sucedido en otro Estado y los presuntos autores no sean nacionales siempre y cuando pueda ser competente la CPI. La fiscalia interpreta este precepto de manera que “matiza” (esta interpretación intenta salvar el articulo 96 de la Constitución que da primacía al Derecho Internacional sobre el Derecho interno) lo recogido en el estatuto de Roma, debiendo interpretarse atendiendo a que la CPI solo actuara cuando un estado no quiera o pueda actuar, y lo que esta estableciendo este art 7.2 es un impedimento legal, la ley “no quiere” que los tribunales conozcan de dichos hechos hasta que la CPI decida que no procede investigación por su parte.

Claramente y al contrario de lo que el fiscal pretende, este articulo (al menos así interpretado) supone una clara contradicción con el sistema del Estatuto de Roma, ya que un estado que voluntariamente se ponga en situación de no poder enjuiciar dichos crímenes, esta claramente infringiendo su deber internacional de enjuiciarlos, deber que proviene de un tratado internacional del que España es parte (Estatuto de Roma). La interpretación creada por la fiscalía claramente supone una dejadez por parte de España de sus deberes internacionales.

A todo esto hay que sumar que para que un caso acceda a la CPI debe superar un umbral de gravedad, esta se configura como salvaguardia adicional ya que se considera que todos los crímenes que entran dentro de la jurisdicción de la CPI son graves. Este umbral (discutible a todas luces) ha seguido enfoques tanto cuantitativos como cualitativos a la hora de valorar unos hechos, pero a la luz de la práctica que viene siguiendo este órgano, la fiscalía fácilmente debió de considerar que este caso no pasaría dicha medida de gravedad y por tanto la CPI no entraría a su investigación (como así a sido). Como anteriormente se ha dicho, esta abstención de la jurisdicción española dura solo hasta el pronunciamiento negativo de la CPI, por lo que tras el mismo los tribunales españoles han recuperado su jurisdicción (una jurisdicción que nunca debieron perder a la luz del Estatuto de Roma), por lo que la fiscalía solo ha conseguido alargar el procedimiento sin ningún motivo (la denegación debió ser previsible para la fiscalía) y al aplicar preferentemente su derecho interno sobre el derecho internacional ha contravenido el art 96 de la CE que da primacía al derecho internacional.

Al no investigar España estos hechos esta incumpliendo sus obligaciones internacionales adquiridas con la firma del Estatuto de Roma.

Fatou Bensouda, Fiscal general de la CPI. Foto: Wikipedia

Fatou Bensouda, Fiscal general de la CPI.
Foto: Wikipedia

Con esto llegamos a la noticia del pasado viernes, la fiscalia de la Corte Penal Internacional ha decidido, como pudo preverse por la fiscalïa española, no iniciar una investigación al no cumplir con el discutible criterio de la gravedad, a pesar de que reconoce que hay indicios de comisión de crímenes de guerra. Esto se debe a que el Estatuto de Roma dice que la Corte deberá priorizar los crímenes de guerra a gran escala o ejercidos con un plan o una política.

Para finalizar me gustaría señalar que en el año 2012 Turquía inicio un juicio contra cuatro altos cargos del ejercito israelí, en ausencia de estos, se trata del ex jefe del Estado Mayor de Israel Gabi Ashkenazi; el vicecomandante de las Fuerzas Navales, Eliezer Marom; el ex jefe de los servicios secretos militares Amos Yadlin; y el responsable de éstos en la Fuerza Aérea, Avishai Levi. La demanda fue presentada por 490 personas y se les acusa de homicidio intencionado, daños corporales graves, saqueo, secuestro, daños a la propiedad, privación de la libertad personal, tortura y maltrato. solicitándose para ellos la pena de Cadena perpetua. Por su parte Israel no reconoce la validez de este juicio al que acusa de ser un teatro político mediático e insta a Turquía a resolver el caso mediante el dialogo bilateral.

Hasta aquí llega nuestro pequeño examen de este trágico incidente, hemos intentado ajustarnos a los hechos jurídicos y al papel de España y la justicia universal en este caso, siendo lo más objetivos posibles, ya que entendemos que este no es el lugar para ofrecer opiniones, sino la sección de comentarios de abajo donde estaremos encantados de debatir toda cuestión.

Bibliografía:

-VICENTE MÁRQUEZ, Lydia y CHINCHÓN ÁLVAREZ, Javier y MORENO PÉREZ, Alicia. Análisis del informe de la fiscalía en el asunto “flotilla libertad”. (en linea), Serie de análisis jurídicos, nº1 Febrero 2013 (consultado el 10 de noviembre de 2014). Disponible en: http://www.rightsinternationalspain.org/es/publicaciones

-Comisión Turkel: wikipedia

-Euronews: El ataque israelí a la Flotilla de la Libertad pudo constituir un crimen de guerra pero no habrá investigación de la CPI

-Elpaís: Al menos 10 muertos en el ataque de Israel a una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

-Público: La Corte Penal Internacional rechaza investigar el asalto de Israel a la Flotilla de la Libertad

-Europapress: Comienza el juicio por el ataque de Israel contra la ‘Flotilla de la Libertad’

-RTVE: Turquía juzga en ausencia a los responsables del asalto militar israelí a la Flotilla de la Libertad

-El mundo: Arranca el juicio por el asalto militar israelí a la ‘Flotilla de la Libertad’ rumbo a Gaza

-El diario:  Jurisdicción universal: Lecciones desde Turquía

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